"Tan sorprendente como desconcertante la noticia", así valoran desde el Club Náutico de Altea que apenas unos días después de comunicar oficialmente y por escrito convenientemente registrado su decisión de aplicar nuevas y elevadísimas tasas, el Consell haya decidido encargar nuevas tasaciones de los clubes náuticos valencianos. Estos valores, que las entidades sin ánimo de lucro no aceptan por disparatadas, determinan el canon anual, fijado en el 5% del montante total, más IVA.

“Se evidencia que teníamos razón cuando decíamos que la valoración que esgrimía el Consell, fechada en 2014, no era legal”. De hecho, la tasación independiente encargada por el Club Náutico de Altea (con fecha junio de este mismo año), indica un valor del 40% por debajo de la del Consell. 

En el caso del Club Náutico de Altea, la decisión de encargar una nueva tasación se recibió el martes. El escrito, con fecha de salida 30 de junio desde la Generalitat Valenciana, lo firma Julio Marín Sánchez, jefe del Servicio de Explotación de Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, organismo competente en las instalaciones portuarias.

La notificación, con una extensión de 4 párrafos, arranca literalmente con éste anuncio: “La Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad ha contratado los servicios de TINSA con objeto de realizar una valoración de distintas instalaciones náutico-deportivas situadas en puertos de la Generalitat, entre las que se encuentran sus instalaciones”.

Sin explicar motivación ni objetivo de tal medida, ni aclarar si la tasación con la que el Consell trabajaba hasta ahora queda descartada o si se plantean rectificar el canon, Marín Sánchez anuncia que se realizarán visitas a las instalaciones afectadas, “con objeto de recabar la información necesaria para la elaboración de los trabajos”, y solicita la colaboración de los clubes con los técnicos de la empresa contratada para facilitarles información y la documentación necesarias.

“Desde el Club Náutico de Altea llevamos mucho tiempo afirmando que la tasación con la que trabajaba el Consell, también elaborada por TINSA en febrero del año 2014, era nula de pleno derecho, pues es anterior a la Ley de Puertos Valenciana, y además otras normas de obligado cumplimiento son meridianamente explícitas cuando conceden una vigencia de seis meses a este tipo de documentos”, señala el presidente José Román Zurutuza.

En concreto, la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, establece un plazo de seis meses para la caducidad de informes y certificados. Esa norma señala literalmente que “los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses desde que se emitieron”. “Ya dije que esta cuestión no era baladí, pese a que el Consell la obvió y decidió establecer y comunicar unas tasas basadas en una valoración fechada hace más de tres años, inservible a todos los efectos legales”.

A esto hay que añadir que la tasación de 2014 no se ajusta a la metodología que marca la Ley de forma meridianamente clara.

Autorización precaria

Otro punto de divergencia radica en que la Administración fija las nuevas tasas como si de nuevas concesiones se tratara, cuando en realidad son autorizaciones precarias limitadas a tres meses, renovables mes a mes hasta un máximo de tres años. “Sería lógico establecer nuevo canon a una nueva concesión por 30 años, pero como quiera que esto no es así, nuestros servicios jurídicos mantienen que el Consell debe mantener el canon histórico”, remarca Zurutuza. 

En el caso de Altea, la nueva tasa comunicada multiplica por siete lo que se pagaba hasta ahora, lo que conllevaría inevitablemente una disminución de la actividad deportiva y social, consecuencia de la falta de sensibilidad del Consell para la actividad náutica.