La entidad traslada al técnico que la ley exige realizar una nueva tasación, no una actualización de valores.

Un técnico de la firma TINSA, contratada por la Generalitat para tasar los clubes náuticos de la Comunitat Valenciana, inspeccionó el miércoles terrenos, lámina de agua y construcciones e instalaciones para dictaminar el valor real del Club Náutico de Altea, montante del que resultará el canon anual que se tendrá que abonar para mantener la gestión de las instalaciones. Durante la visita, el técnico pudo comprobar 'in situ' el grado de degradación y antigüedad de las instalaciones náuticas del Club, resultado del paso de 17 años sin ejecutar inversiones de mejora o modernización, aunque se han gastado grandes cantidades cada año en reparación y conservación, al estar sujetos a renovaciones parciales de la licencia que no garantizaban la continuidad de la actividad más allá de unos meses.

El Club, que recurrirá el montante del canon impuesto por la Generalitat, recuerda que la normativa española establece explícitamente que una ‘actualización’ de una tasación sólo es posible dentro de un plazo de dos años desde que se emite el documento original. Pasado ese tiempo, la ley obliga a realizar una tasación nueva, por lo que una simple actualización sería igualmente nula.

 “No vale pues hacer valer un corta y pega” de la tasación anterior, “pues con la ley en la mano están obligados a realizar todo el trabajo desde el principio, y sobre todo aplicando la metodología adecuada”, señala el presidente del Club, José Román Zurutuza.

Los responsables de la entidad han hecho ver al tasador que el trabajo anterior no se ajusta a las leyes vigentes y que además de tener errores graves incurre en ilegalidades. “En primer lugar se realizó de acuerdo a unas dimensiones del Club erróneas, con más de 14.000 metros cuadrados de lámina de agua por encima de la realidad concesional otorgada inicialmente. Por otro lado, desde que en 2014 se realizara esta tasación la normativa ha cambiado, y por tanto, no se ajusta a la metodología que exige la actual Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana.  Y además la tasación en si misma es contradictoria en cuanto a sus cálculos, por no mencionar que no fue notificada ni hecha pública de manera legal. ”

17 AÑOS DE INCERTIDUMBRE

El Club Náutico de Altea se fundó en 1977, merced a una concesión administrativa que permitió poner  en marcha una entidad sin ánimo de lucro cuya existencia se fundamenta en la promoción del deporte náutico y las prácticas medioambientales respecto al medio marino. Desde el año 2000, en que expiró esa primera concesión, los dirigentes del Club han solicitado en numerosas ocasiones a todos los gobiernos autonómicos que se han sucedido desde entonces, sin éxito, iniciar el proceso de renovación.

Pese a que la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana, aprobada en 2014, marca como ‘obligación’ iniciar ese proceso negociado de concesiones a los clubes náuticos, nada se ha avanzado, y las entidades han funcionado durante lustros con prórrogas en precario, circunstancia que impide cualquier iniciativa de inversión para adecuar, mejorar y modernizar instalaciones, obsoletas tras el paso del tiempo.

Tal indolencia de la Administración ha desembocado en una situación “angustiosa” que pone en peligro la continuidad de los clubes náuticos valencianos dependientes de la Generalitat, que muestra una insensibilidad extrema ante unas entidades sin ánimo de lucro cuya prioridad es potenciar el aprendizaje y la práctica de deportes náuticos.

El proceso se eterniza, y la última resolución del Consell ha consistido en conceder a los clubes autorizaciones por espacio de tres meses, prorrogables mes a mes hasta un máximo de tres años, lo que deja a estas entidades en una situación de absoluta indefensión, y sumidas en una permanente incertidumbre.

Además, y en base a unas erroneas y letales tasaciones realizadas en 2014, las autoridades autonómicas plantean multiplicar el canon anual que deben satisfacer los clubes (en el caso de Altea hasta por siete veces), lo que se traduce en un estrangulamiento de sus cuentas.

Tan es así, que la directiva del Club Náutico de Altea ha decidido aumentar hasta final de año un 10% sus tarifas de amarre y servicios portuarios y deportivos, a los socios y transitos, “al objeto de aumentar la recaudación en todo lo posible para hacer frente al pago del nuevo canon”, con la consiguiente pérdida de competitividad lo cual puede tener efectos nocivos en su viabilidad a corto plazo. El modelo de gestión portuaria y deportiva de momento no se ve alterado, al menos hasta que una asamblea general extraordinaria de socios, convocada a tal efecto, decida sobre el particular el próximo 19 de agosto.

El Club someterá entonces a votación un estudio económico-financiero de viabilidad para la gestión portuaria y deportiva, que se confecciona para determinar recortes de actividad deportiva, suspensión de actos sociales tradicionales, nuevas cuotas y tarifas definitivas de servicios. “Tenemos que recaudar para pagar el nuevo canon, que es durísimo y nos precipita al vacío”, señalan.

El Club Náutico de Altea apela a la responsabilidad de la que debe hacer gala el Consell para “normalizar” la situación, hacer las cosas bien y ajustadas a ley. “La falta de diálogo y comprensión de la Conselleria es una insensatez y provocará una fuerte judicialización del proceso de renovación concesional en el sector de los clubes náuticos valencianos”, enfatiza Zurutuza.