La autorización administrativa notificada al CN Altea llega tarde y mal, con una cuantía de canon basada en una tasación ilegal y por un período inicial de tan sólo tres meses.
A lo largo de la tarde del sábado la Junta Directiva del Club Náutico de Altea se reunió en sesión ordinaria para tratar los asuntos ordinarios pendientes. Se repasó el informe de los últimos eventos realizados; el éxito de participación y el efecto de concienciación de las XVII Jornadas Medioambientales, la celebración del acto de entrega de Banderas Azules de la Comunidad Valenciana, el resultado positivo de la auditoría de calidad y gestión ambiental realizada por AENOR, la 31 edición de la regata de vela “200 millas a2” de este año, la celebración de la Copa de España de Optimist y los logros conseguidos por los equipos de competición, con especial mención a la victoria de las veteranas de remo en el Campeonato de España.
Y, en especial, se trató la delicada situación por la que atraviesa el Club desde que la semana pasada se conocieran las nuevas y fatales condiciones de la autorización administrativa otorgada por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana para que el CN Altea pueda seguir utilizando sus instalaciones en precario.
Para entender cómo se ha llegado a esta situación volvamos atrás unos meses. El pasado 30 de marzo tenía lugar en el Ayuntamiento de Altea una reunión con representantes del Club Náutico de Altea y autoridades portuarias de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas con el fin de aclarar la situación, ya que el 19 de junio se caducarían las autorizaciones temporales de los clubes náuticos y hasta la fecha no se había notificado ninguna solución.
El encuentro contó con la presencia del Alcalde de Altea, Jaume Llinares, y los concejales Inma Orozco, de Urbanismo, Bea Nomdedeu, de Medioambiente y Roque Ferrer, de Infraestructuras. Por parte de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, acudieron Pilar Álvarez, Subdirectora General de Puertos de la Generalitat Valenciana, Julio Marín, Jefe de Servicio de Explotación de Puertos y Agustín Lloret, Ingeniero Jefe del Área Centro de Alicante.
Durante el encuentro, Pilar Álvarez, Subdirectora General de Puertos de la Generalitat Valenciana, mandaba un mensaje de tranquilidad al municipio de Altea y al propio Club Náutico, afirmando que se buscarían las soluciones legislativas y jurídicas necesarias para ampliar la autorización provisional bajo las mismas condiciones.
¿Y por qué una autorización provisional y no una concesión definitiva? Porque tal y como dicta la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana para que se pueda iniciar el proceso de adjudicación concesional en el puerto de Altea es necesario la elaboración de una propuesta urbanística de integración del puerto con la ciudad Altea y de sus Condiciones de Referencia. La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas ha tenido tres años, desde la aprobación de la Ley en 2014, para llevar a cabo estos trámites pero no se ha hecho nada y es por eso que ahora emiten unas autorizaciones temporales en precario.
La semana pasada el Club Náutico de Altea recibía la notificación de su autorización administrativa. Para sorpresa de los representantes de la entidad la autorización no era anual hasta un máximo de tres años más, como se había informado, sino por un periodo inicial de tres meses, renovable de mes en mes. Además, la nueva desorbitada e injusta cuantía del canon impuesto por utilizar las instalaciones se incrementaba en siete veces, con lo que el Club pasa de pagar 42.000 euros, IVA aparte, a casi 300.000 euros anuales, una cifra inasumible para una entidad sin ánimo de lucro como es el Club Náutico de Altea, bajo las condiciones de explotación actual en una instalación portuaria antigua y sin posibilidad de actualización.
El nuevo canon impuesto está basado en una tasación hecha por la empresa Tinsa en febrero de 2014, una tasación que tal y como afirman representantes del Club Náutico de Altea, y todos los expertos consultados, es ilegal. De acuerdo a la normativa para la valoración de bienes inmuebles y determinados derechos, del Banco de España, órgano encargado de regular las tasaciones, éstas tienen un período de validez de 6 meses, con lo que la realizada por Tinsa en febrero de 2014 estaría caducada. Por otro lado, la tasación fue realizada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana y no se ajusta a los parámetros y al método de valoración exigido por esta ley, y además, no fue comunicada a este club náutico ni a ningún otro de manera oficial.
La Junta Directiva del Club Náutico de Altea está estudiando las acciones administrativas y judiciales, de todo tipo, necesarias para defenderse de este callejón sin salida al que le ha abocado la Consellería de Vivienda y Obras Públicas.
Tal y como se acordó en la reunión de la Junta Ordinaria de este sábado se han tenido que tomar algunas medidas provisionales. Se ha decidido aumentar en un 10% las tarifas generales y las cuotas de amarre a los socios desde el día 1 de julio, además de suspender diversas actividades sociales previstas, cancelar el programa de captación de jóvenes para la cantera del equipo de remo y reducir las competiciones deportivas oficiales. Todo ello a la espera de un estudio de viabilidad económico-financiero y de gestión deportiva náutica, para el período 2018-2020, en el que se está trabajando para asumir la dotación de la nueva cuantía del canon, que traerá consigo nuevos recortes en la actividad deportiva y gastos de explotación, con especial preocupación en la conservación y mantenimiento de la instalación portuaria que ha superado ampliamente su vida útil y nuevas variaciones en cuotas y tarifas de servicio. Ello se traducirá, de forma inmediata, en una merma de su competitividad económica y deportiva.
La insensibilidad que la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana esta teniendo ante una entidad sin ánimo de lucro como es el Club Náutico de Altea puede poner fin a la labor social y deportiva que lleva más de 40 años desempeñando.
